Subastas en Pesca: Dime cuánto ganas y te diré qué opinas!

La discusión reciente por la renovación de la Ley de Pesca y el requerimiento de una empresa ante la FNE ha reflotado una larga discusión sobre la conveniencia de utilizar subastas en la actividad pesquera extractiva en Chile.

A pesar de que las licitaciones son muy comunes en Chile y el mundo, su uso ha sido limitado en la asignación de derechos de captura en pesquerías. Existe sólo un par de experiencias en el mundo donde se han utilizado subastas, pero donde no se han generado los efectos esperados. Los principales problemas han sido la reducción en las ganancias de las empresas que participan en las subastas, usualmente grupos de interés con mucho poder político, que han llevado a finalmente desechar el sistema.

En Chile las subastas se han aplicado en cuatro pesquerías y tres de ellas se encuentran actualmente cerradas. Sin embargo, culpar al sistema de subastas de este colapso es inadecuado. Esto se debe a una fijación inadecuada de la cuota, la existencia de captura ilegal y la incertidumbre biológica propia de las especies marinas. El problema más importante que ha existido en estas subastas es un diseño que ha propiciado que se paguen precios muy bajos por los derechos de captura, reduciendo los ingresos esperados para el estado por esta vía. Las pocas ocasiones en que los precios han aumentado es cuando nuevos agentes han intentado ingresar a la industria, situación que finalmente no ha ocurrido.

La discusión sobre el uso de subastas no tiene que ver con razones de eficiencia ni con el colapso de pesquerías, sino que con cómo se reparten los beneficios de las capturas. Los actores históricos defienden que son ellos quienes han desarrollado la actividad y deberían beneficiarse por ello. Quienes ven en este sistema una oportunidad para ingresar al mercado lo defienden. Una vez más se cumple el dicho: “Dime cuánto ganas y te diré qué opinas”.

La decisión de si incorporar o no un sistema de subastas debería hacerse en base a criterios técnicos y sobre todo requiere de un buen diseño de un sistema de subastas,
que considere las características específicas del sector pesquero en Chile. Por ejemplo, la gran concentración de la actividad en pocas empresas y el hecho que existen importantes grupos de presión en la actividad pesquera que probablemente realizarán todo lo posible por evitar el uso de este sistema de licitación. Una buena alternativa es diseñar un sistema de subastas dirigidas a empresas que tienen baja o nula participación en la pesquería, considerando sólo una pequeña parte de la cuota cada año. Esto debería permitir que nuevos actores ingresen al mercado y se incremente la recaudación fiscal por esta vía, pudiendo invertirse en mejorar la investigación y fiscalización de las pesquerías.

Las Farmacias y la FNE: Porque se comportan asi?

Una de las noticias de las que más se ha hablado en la prensa durante las últimas semanas es el caso “Colusión de las Farmacias”. Este caso toma revuelo publico luego que FASA reconociera prácticas ilegales por parte de sus ejecutivos para hacer subir artificialmente los precios de algunos medicamentos, acusando a los Laboratorios y a sus dos principales competidores, Cruz Verde y Salcobrand, del mismo hecho. FASA llegó a un acuerdo de conciliación con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), a través del cual la Farmacia se compromete a pagar 1350 UTA (alrededor de 1 millón de dólares), suma notoriamente inferior a las 20.000 UTA (unos 15 millones de dolares) que la FNE habia demandado originalmente por la FNE, con el compromiso que la FNE renuncie a todas las peticiones en contra de FASA asociadas a la investigación interpuesta ante los tribunales por el posible caso de colusión. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que sus competidores, Salcobrand y Cruz Verde, han decidido no acogerse a la conciliación y continuar asegurando que son inocentes de las acusaciones de FASA. Que lleva a las farmacias y a la FNE a actuar de esa forma? Inocencia? Ingenuidad? No. Pura y total racionalidad.

El principal problema al intentar probar casos de colusión, es que al menos teóricamente, un alza de los precios puede responder a estrategias comerciales de empresas que compiten en un mercado que no se encuentra bajo las condiciones teóricas de “competencia perfecta”. Es decir, donde las empresas pueden alterar los precios de sus productos sin perder completamente sus ventas. Es así, como existe una gran cantidad de modelos que permiten explicar estas variaciones en los precios, entre los que se cuentan modelos de comportamiento estratégico donde las empresas compiten repetidamente a través del tiempo, modelos de empresas que ofrecen muchos productos, modelos con demanda que responde de una manera lenta a variaciones en los precios a través del tiempo, entre otros. En fin, al menos teóricamente, existen justificaciones a un alza en los precios, especialmente cuando nos encontramos en situaciones y mercados dinámicos, donde las empresas toman decisiones pensando en el comportamiento de la demanda y la competencia a través del tiempo, sin considerar sólo y exclusivamente como la demanda responderá en el presente.

Desde este punto de vista, la justificación esgrimida por Cruz Verde y Salcobrand para el alza observada en los precios, tiene una justificación teórica, dadas las condiciones dinámicas y las características específicas de este mercado. Es bien sabido que las empresas siguen estrategias de precios donde reducen temporalmente el precio de sus productos, generando ofertas que atraigan a sus clientes, llegando a vender incluso bajo sus costos. Evidentemente, las empresas deben compensar esas pérdidas incrementando el precio de otros productos. Así, las empresas bajarán los precios de los productos que atraigan la mayor demanda posible, y subirán los precios de aquellos productos esenciales, donde los consumidores, aunque reclamarán, no disminuirán sus compras. Este tipo de estrategias no necesariamente obedece a un acuerdo entre empresas competidoras.

Que quede claro, con lo anterior no quiero decir que las farmacias no se hayan coludido, sino que sólo quiero plantar la difícil tarea que tendrá la FNE en demostrar las acusaciones de FASA en contra de sus competidoras. Esto lo tienen muy claro Cruz Verde y Salcobrand, y más allá de una confianza plena y total en el accionar de sus ejecutivos, saben que cuentan al menos con teoría económica que puede sustentar su defensa.

Para demostrar que las empresas realizaron una acción ilegal, la FNE no sólo debe demostrar que los precios subieron por sobre los costos de adquisición, sino que debe asegurar que esto obedece a un accionar concertado entre las empresas y no necesariamente a estrategias competitivas independientes. Para esto, la FNE tiene dos caminos. El más simple y directo es el que ha seguido hasta ahora con FASA, logrando que esta empresa reconozca que realizó un accionar ilegal. Junto con esto, la FNE podría utilizar algún otro mecanismo probatorio, como grabaciones o escritos, con firmas de los acusados, que permitan demostrar el acuerdo del que se les acusa. Al parecer, ni FASA ni la FNE cuentan con pruebas suficientes que permitan seguir este camino con Cruz Verde y Salcobrand.

La segunda alternativa, bastante más compleja, es demostrar que la única forma en que se podría explicar la evolución de los precios, durante el período de las acusaciones, es a través de un acuerdo colusivo. Técnicamente, esto requeriría mostrar que un modelo de comportamiento cooperativo permitiría explicar los precios observados y que ningún otro modelo de comportamiento no colusivo podría hacerlo. Como ya he mencionado anteriormente, debido a que existen razones teóricas que justifican el alza en los precios, sería sumamente difícil seguir esta vía. Ante cualquier modelo de colusión que pueda presentar la FNE, las empresas podrían mostrar contra-evidencia, basada en modelos teóricos dinámicos, que justifiquen la evolución de los precios bajo modelos estratégicos no cooperativos.

Adicionalmente, la FNE cuenta con otro elemento en su contra. Las empresas disponen no sólo de mejor información que la FNE, sino que conocen toda la evolución histórica del mercado, la evolución de sus precios, los precios de la competencia, las cantidades vendidas, los costos de operación y muchísima otra información que les permitirían construir y validar muchos y mejores modelos que aquellos que podría utilizar la FNE. En este sentido, las herramientas con que cuenta la FNE son sumamente limitadas.

Lo anterior permite comprender porqué la FNE y FASA están dispuestas a aceptar una Conciliación, con una compensación mínima comparada con los daños presuntos. Además, permite entender porqué Salcobrand y Cruz Verde insisten en su inocencia, aún cuando FASA haya presentado presumiblemente pruebas irrefutables en su contra (las que aún no se han hecho públicas).

De esta experiencia deberíamos sacar como lección la imperiosa necesidad de contar con una mejor legislación que entregue mayores y mejores herramientas a la FNE, que le permitan cumplir de una mejor manera las tareas que se le encomiendan. Entre estas herramientas se pueden mencionar incentivos a quienes entreguen pruebas irrefutables de acuerdos ilegales, así como también la necesidad de contar con información detallada y pública sobre precios, cantidades vendidas y costos de productos de vital importancia en industrias que presenten peligros de prácticas ilegales. Esto permitiría no sólo que la FNE pueda desarrollar una mejor labor, sino que también la sociedad civil y los investigadores independientes puedan seguir de cerca la evolución de estos mercados, permitiéndoles detectar a tiempo cualquier intento de prácticas ilegales, y disminuyendo los incentivos que tienen las empresas para implementar este tipo de actuaciones.

Contar con más y mejor información no sólo permitiría mejorar el accionar de la FNE, también incentivaría una mayor competencia entre las empresas, permitiría a los consumidores reaccionar ante aumentos que consideren desmedidos en los precios y significaría a las empresas ahorrar gigantescas sumas en sus políticas de seguimiento de precios de la competencia. Dado que la información existe, los costos de hacerla pública son mínimos. En definitiva, una situación en la que todos ganan.